INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes aportes de la Economía Feminista (EF) es el estudio sobre el trabajo doméstico y de cuidados, el cual ha sido asimétricamente adjudicado a las mujeres, quienes han asumido el papel social de la reproducción de la fuerza laboral dentro de la sociedad. Esta labor puede verse disminuida a través de políticas públicas que mejoren el acceso a bienes y servicios básicos, como la educación y las redes de cuidado para niños, enfermos, ancianos y personas con discapacidad.

Todas las personas, estén o no en condición de dependencia, requieren cuidados para satisfacer sus necesidades a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, a nivel social, el trabajo de dichos cuidados se encuentra desigualmente distribuido, recayendo mayoritariamente en los hogares y, dentro de estos, en las mujeres. Esto condiciona su capacidad de influencia, de decisión y de percibir ingresos (Oxfam, 2017)

En un contexto de crisis recurrentes, como el que vive Latinoamérica, la salida común, ha sido la reducción del gasto público, lo que trae consigo la desaparición de programas sociales de cuidado, recayendo principalmente en las familias el costo de la reproducción social^{^[2]} y generando efectos negativos en el ingreso de los hogares. En tanto que “La optimización de la reproducción ampliada de la vida de todos, supone niveles de diálogo y cooperación, de reconocimiento de las necesidades y de diseño de estrategias para su gestión colectiva” (Coraggio 2011, 104). Siendo necesario asegurarle al individuo los medios materiales y físicos para su existencia, tal como lo plantea Alicia Girón

La reproducción social es la reproducción de la vida mediante el cuidado ejercido por la familia y el Estado. Es en el núcleo familiar donde se crea y se reproduce al ser biológicamente, pero al mismo tiempo se cuida de ese ser hasta que es autónomo para pasar a ocupar un lugar en el mercado laboral. A ello se suma la responsabilidad del Estado, garante de la reproducción de la fuerza de trabajo en un espacio de relaciones de intercambio monetario donde el empleo debe ser garantizado para el bienestar de la sociedad (Girón 2021, 45)

Bajo este planteamiento, la responsabilidad de la reproducción social es una tarea compartida y el costo debe ser asumido por ambos actores. Los ingresos familiares como consecuencia del menor gasto social por parte de los Estados, obliga a las mujeres a una mayor participación en el mercado laboral. Esta situación nos lleva a cuestionar ¿Cómo se ha debatido la reproducción ampliada de la vida de las mujeres en Latinoamérica en el contexto de la crisis de los cuidados a partir de la segunda mitad del siglo XX?, a través de una transición entre teorías y conceptos relevantes al tema de estudio. La visibilización del trabajo de cuidado, permite reconocer el rol que cumple en la sociedad y el impacto en la vida económica y social de las mujeres.

El texto consta de cuatro partes: en la primera se hace alusión al compromiso bipartito entre familia y Estado para asegurar una genuina reproducción de la vida de las mujeres en Latinoamérica. Luego, se presentan y evalúan las teorías, conceptos y autores que sustentan el trabajo, desde la perspectiva de la EF y de la Economía Social y Solidaria (ESS). Después, se desarrollan cada uno de los ejes que guían el debate latinoamericano sobre la reproducción ampliada de la vida de las mujeres en el contexto de la crisis de los cuidados, considerando como tópicos: el cuidado y las políticas de cuidado, el empoderamiento económico de las mujeres y el enfoque interseccional (género, clase, etnia). Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo.

Transiciones entre teorías y conceptos

El presente trabajo analiza la reproducción ampliada de la vida de las mujeres en Latinoamérica desde los aportes teóricos de la EF y de la ESS.

La EF es una corriente de pensamiento que incluye el género en la explicación del funcionamiento de la economía y en la relación entre hombres y mujeres como

agentes y sujetos de la misma, teniendo como eje analítico la sostenibilidad de la vida. “El objetivo del funcionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. La preocupación no está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión para lograr sostenerla y reproducirla” (Rodríguez 2015, 3). Concebida como un esquema académico – político, en diálogo con otras perspectivas ideológicas e intelectuales centrales al tema de la producción/reproducción y el trabajo doméstico, por medio de la conceptualización de la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado y la economía del cuidado.

En la construcción de una lectura feminista de la ESS, se han dado vínculos con otros movimientos sociales en pro del avance de la agenda del cuidado. (Rodríguez 2015) manifiesta que en la región se ha hecho un fuerte hincapié en el cuidado, como elemento central de una economía alternativa y feminista pero también como un componente clave del bienestar social. A lo que (Esquivel 2016) acota que el punto de partida, ha sido el reconocimiento de las diferencias de género, a través del estudio de la participación económica de las mujeres, en particular revelando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral y aportando al debate sobre la feminización de la pobreza, desde el punto de vista conceptual y empírico.

Así, la EF se complementa y retroalimenta a partir de los aportes de otras teorías como la ESS.

La ESS está basada en valores humanos y principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra persona como fundamento de la acción humana y eje de la renovación de la política, la economía y la sociedad (…) incluye al conjunto de actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar la economía (Coraggio 2008, 3).

Ambas teorías aportan a la discusión intelectual sobre los aspectos claves en la crisis de reproducción, en específico, de las mujeres al experimentar desigualdades tanto materiales como simbólicas. El patriarcado y la acepción de lo reproductivo como responsabilidad femenina, son factores hegemónicos de lo que se ha venido entendiendo como economía. “Se habla de crisis de reproducción, referida a la exclusión sistemática de amplios sectores de la población del acceso a los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades de reproducción, biológicas y sociales” (Quiroga Díaz 2017, 180). Sin detenerse a pensar que la misma, nace del propio sistema económico, aunque se la asuma como externa.

Para el contexto latinoamericano, se ve manifiesta en situaciones de pobreza, discriminación, violencia, inseguridad, desempleo y precariedad laboral, que impide a las mujeres el desarrollo de su vida y el ejercicio de sus derechos en plenitud, convirtiéndose en una característica estructural de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la región y del intento irresponsable de avanzar hacia una globalización orientada por la utopía del libre mercado. Como señalan (Hinkelamert y Jiménez 2005) o se continúa con el actual ritmo y formas de acumulación del capital o se elige la vida planetaria y humana como valor principal y sentido de la economía. La crisis de reproducción expande la discusión encaminándola hacia la legitimidad de la economía como instrumento conceptual y la urgencia de una aproximación crítica que relocalice a la vida humana el núcleo de cualquier propuesta.

“El concepto de reproducción ampliada de la vida de todos, orienta la investigación como proyecto político antes que como característica de la actual economía popular urbana en la que, coexisten formas de solidaridad con formas de violencia y canibalismo social” (Coraggio 2011, 105). Y es justamente esta amalgama entre solidaridad, violencia y canibalismo social, el escenario predominante donde se desarrollan y relacionan tres conceptos básicos: división sexual del trabajo, organización social del cuidado y economía del cuidado.

La división sexual del trabajo es entendida como la asignación de tareas y responsabilidades diferentes en función de roles y estereotipos de género, lo que ha implicado que las mujeres mayoritariamente, desarrollen dobles o triples jornadas (Universidad Nacional de Costa Rica 2021). Aun cuando hombres y mujeres se insertan en el sector terciario de la economía, las mujeres lo hacen en mayor proporción, especialmente en actividades de cuidado y trabajo doméstico, mientras los hombres lo hacen en actividades como transporte, comunicaciones y servicios financieros. En resumen, las mujeres son más proclives a realizar trabajos por los que no reciben remuneración alguna y no pueden insertarse en el mercado laboral de forma adecuada por el poco tiempo disponible con que cuentan, obligándolas a aceptar trabajos de baja calidad e informales.

En este punto analizaremos los conceptos de economía del cuidado y organización social del cuidado, pero antes es necesario profundizar en la definición de la categoría cuidado, a fin de conocer su origen y evolución en relación con el desempeño de la vida de las mujeres en América Latina.

En la década de 1980, en el contexto de neo liberalización de los Estados del Norte global, desde la vertiente anglosajona, se introduce la noción de cuidados, que pone el énfasis en los aspectos relacionales y emocionales del trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Luego, las sociólogas escandinavas introducen la cuestión del cuidado como un elemento clave en los estudios del estado de bienestar. De este modo, las analistas británicas proponen la categoría de cuidado social “con el fin de reclamar que el estado de bienestar y las sociedades europeas contemplen la organización social del cuidado, además de las políticas sociales ya existentes” (Carrasco, y otros 2011, 36).

El cuidado y la reproducción social son requisitos fundamentales para el bienestar humano y para la supervivencia de las sociedades. Un aporte puntual se concentró en la ciudadanía, profundizando en los derechos relacionados con el derecho a recibir cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a no cuidar (Pautassi 2021). El mismo, se estudia bajo tres dimensiones: uno, analizando el cuidado como trabajo, considerando la naturaleza de la actividad, las personas involucradas, las condiciones en que se lleva a cano y la función del Estado en la determinación del cuidado remunerado y no remunerado; dos, enfocándose desde la ética del cuidado, en las obligaciones y responsabilidades sociales y familiares que rodean el hábitat del cuidado y el papel del Estado en la formación de las representaciones sociales sobre este; y tres, examinando los costos económicos y emocionales del cuidado y cómo se comparten entre individuos, familias y sociedad, a nivel público y privado.

Por tanto, definimos al cuidado como “las actividades y relaciones involucradas en la satisfacción de las necesidades físicas y emocionales de niños, niñas y personas en situación de dependencia, y los marcos normativos, económicos y sociales que rigen su asignación y ejecución” (Sanchis y Bergel Varela 2023). Son aquellas actividades que garantizan el mantenimiento de la vida, la salud y el medio ambiente de una sociedad, realizándose de forma no remunerada en los hogares, pero también a cambio de una remuneración en el sector público y privado. A las cuales conceptualizamos como economía del cuidado.

Dicho concepto se desarrolla en los años 70 y se ha transformado gracias a los aportes de la Sociología, la Economía y la Historia, transitando del concepto de trabajo doméstico a trabajo de cuidado desde el cual se han establecido las dimensiones simbólicas, emocionales y morales que contiene. Incluyendo tanto el trabajo de producción, distribución y consumo, es decir, el cuidado indirecto de las familias a través de las labores domésticas sino también a partir del cuidado directo de las personas ya sean infantes, adultos o en situación de discapacidad.

Desde esta perspectiva, se relaciona los cuidados con los aspectos económicos que contribuyen en la generación de valor económico, a través del análisis de ocupaciones generalmente feminizadas, de baja remuneración e informales, en los sectores de la salud, la educación y el trabajo doméstico, principalmente. Una economía para la vida, debe pugnar por criterios de validación externos al mercado, en que el tanto el valor de las cosas como del trabajo está mal representado ya sea por su valor monetario o por la competitividad del producto en dicho contexto.

Una línea investigativa desarrollada en relación a los efectos de la globalización en la inmigración y el cuidado, ha abordado el tema de la organización social del cuidado. Se define de acuerdo con (Esquivel, 2015) como aquella que permite ubicar al cuidado como dimensión central del bienestar y cuestionar la función del Estado en el acceso al cuidado. En este sentido, (Faur 2009, 266) la señala como “la configuración que se desarrolla mediante las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado infantil y el modo en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros, se benefician del mismo”. En resumen, la podemos definir como la forma en la que tanto las familias, el mercado, el Estado y la comunidad producen y distribuyen los cuidados entre hombres y mujeres, con el fin de contribuir al bienestar común. Ese que tanto buscamos y que tan esquivo nos ha sido.

Ejes del debate

Los ejes que guían el debate de la reproducción ampliada de la vida de las mujeres en Latinoamérica en el contexto de la crisis de los cuidados a partir de la segunda mitad del siglo XX son argumentados a continuación, con más detenimiento.

El cuidado y las políticas de cuidado

Para poder entender la relación entre desigualdad de género y trabajo no remunerado, empezaremos por definir este último concepto como aquel que “Está fuera de la producción económica, pero se encuentra dentro de la frontera de la producción general que abarca la producción del Sistema de Cuentas Nacionales. Comprende el trabajo doméstico no remunerado y de cuidado familiares realizado en y para el propio hogar, como para otros hogares, las actividades comunitarias no remuneradas, y el trabajo voluntario no remunerado” (INEC 2012). Según este criterio, la actividad de cuidados está infravalorada en términos económicos y además desconocida por los gobiernos a nivel productivo. No suele considerarse como un trabajo, ni contabilizarse como una inversión sino como un gasto. A pesar de ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ya que asegura el mantenimiento y cuidado de los miembros de la familia.

La carga adicional que significan las labores de cuidado para las mujeres muchas veces se ve representada en impedimentos y barreras para su vida laboral, participación política y disfrute del tiempo libre. Factores como la tecnología, el cambio climático, la innovación productiva o la globalización han revolucionado el mundo laboral y planteado desafíos importantes para el desarrollo económico de mujeres y niñas en el mundo, quienes trabajan muy duro en el cuidado a los demás, sin que dicha labor sea remunerada o considerada como un trabajo real en términos económicos. “El trabajo de cuidados es el motor oculto que mantiene en funcionamiento nuestras economías, empresas y sociedades” (OXFAM International 2023).

Asimismo, algunos datos interesantes del mismo OXFAM revelan que:

Más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo es realizado por mujeres y niñas.

En países de renta baja, las mujeres rurales dedican hasta 14 horas diarias al trabajo no remunerado.

El 42% de las mujeres en el mundo, no tiene acceso a un empleo remunerado, en comparación a los hombres que representan solo el 6%.

El 80% de los 67 millones de personas trabajadoras del hogar que hay en todo el mundo son mujeres. El 90% no cuenta con seguridad social ni límite de horas.

Las políticas de cuidado son aquellas gestiones públicas, concernientes a la organización socioeconómica del trabajo y destinadas a asegurar el bienestar integral de las personas, considerando aspectos asociados con los servicios, el tiempo y los recursos para cuidar y ser cuidado. Asumiendo estándares de calidad y un financiamiento adecuado, conforme las necesidades y requerimientos de la sociedad.

En Latinoamérica, el cuidado se desarrolla en ambientes de gran desigualdad. Gran parte de los países de la región se encuentra en proceso de diseño y construcción de sistemas de cuidado, en el marco de profundas deudas sociales con la ciudadanía y en particular con las mujeres (Serafini Geoghegan 2023).

“Las mujeres dedican entre 22 y 43 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, más del doble que el tiempo que dedican los hombres, entre 10 y 20 horas semanales” (CEPAL 2024). Alimenta un círculo vicioso de pobreza de tiempo y de ingresos. Los hogares con recursos pueden acceder a servicios de cuidado en el mercado, mientras que los hogares con menos ingresos recurren al trabajo no remunerado de las mujeres. Los desafíos más importantes que enfrentan son, en primer lugar, la necesidad de lograr un balance entre las responsabilidades familiares y el rol proveedor; en segundo lugar; la necesidad de contar con servicios de cuidado asequibles (OIT y Gallup 2017).

Por su parte, Ecuador es el tercer país más desigual de América Latina y el Caribe, evidenciando problemas como: la desigualdad de género, la pobreza y la informalidad, íntimamente relacionados con ámbitos como la fecundidad, la conciliación (trabajo – familia) y escolaridad.

El empoderamiento económico de las mujeres

Empoderar a las mujeres es reconocer en ellas y en sus contribuciones a la sociedad un grado de independencia y tenacidad especial, sin desmerecer los aportes masculinos, es decir, en igualdad de condiciones. “El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de vida de las familias” (Gobierno de México 2024). Los problemas generados por la desigualdad de género podrían resolverse a través de una mayor inversión en las mujeres y su empoderamiento económico, siendo meritorio que se creen oportunidades de empleo digno que les garanticen ingresos para mejorar sus condiciones de vida tanto a ellas como a sus familias y eventualmente, salir de la pobreza. Ellas participan significativamente del crecimiento económico de los países sin visibilización alguna y sin reconocimiento a su labor; ya sea como empresarias, obreras, madres, educadoras, emprendedoras o como cuidadoras domésticas no remuneradas.

A causa de la discriminación, la pobreza y la explotación que viven las mujeres en Latinoamérica, son forzadas a desempeñar trabajos precarios y mal pagados, además de constituir una pequeña minoría en cargos de representación directiva. “La discriminación reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita su participación en el diseño de políticas sociales y económicas” (ONU Mujeres 2024). Entre los grupos vulnerables y segregados se encuentran las trabajadoras domésticas, migrantes, mujeres rurales y mujeres con habilidades poco desarrolladas.

Y es que, para lograr la reproducción ampliada de la vida, esa que permite mejorar los medios de vida de las familias y la comunidad, es necesario apoyar a las mujeres para que alcancen su empoderamiento económico, el cual tiene repercusiones directas para los países en términos de crecimiento. “Los países con mayores niveles de igualdad de género suelen tener niveles de ingreso superiores a la media. Así pues, incrementar la igualdad económica de las mujeres es fundamental para la realización de sus derechos, la reducción de la pobreza y el cumplimiento de objetivos de desarrollo más amplios” (OXFAM International 2017). Esta situación se corrobora con las estadísticas de organismos internacionales.

Según datos de (ONU Mujeres y PNUD 2023) a nivel mundial; el poder, la libertad, la educación, el desarrollo de capacidades y los conocimientos de las mujeres para tomar decisiones y aprovechar las oportunidades, se encuentran restringidos. Las mujeres gozan de empoderamiento para desplegar sólo el 60% de todo su potencial, lo que implica un déficit del 40%. Este indicador oscila entre el 43% en los países de desarrollo humano bajo y el 73% en los países de desarrollo humano muy alto.

Para el 2022, el índice de empoderamiento de las mujeres (IEM)^{^[3]} para la región era del 63,3%; mientras que para Ecuador era del 63%, es decir, ubicándose en el grupo de países con promedio medio bajo, por debajo de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y República Dominicana y por arriba de Perú, Uruguay y Colombia, respectivamente. Un dato importante de destacar es que ninguno de los países de América Latina y el Caribe registra un índice de empoderamiento femenino alto o medio alto. Quienes lideran son los europeos y de los asiáticos aparece Singapur con un índice del 76%, ubicándose en el grupo de países con promedio medio alto.

Enfoque interseccional (género, clase, etnia)

Para (Viveros 2015) la interseccionalidad es una perspectiva donde ya no se habla de la mujer, sino de las mujeres y sus diferencias, tratando de pensar en género, raza y etnicidad no como un atributo sino como una forma de ordenamiento de las prácticas sociales para dar significado a lo que la gente hace. Mientras que el (BID 2022) la describe como la interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona. Cuestiones de la identidad como el género, la etnia, la raza, la ubicación geográfica, o incluso la edad no afectan a una persona de forma separada. Al contrario: estos se combinan de distintas formas, generando desigualdades (o ventajas) diversas. Ambas definiciones concuerdan en lo necesario de incorporar al análisis de las relaciones en las que se desenvuelve la vida de las mujeres aspectos como el género, la etnia y la raza, relevantes para su inclusión en los espacios sociales, públicos y privados de nuestras sociedades.

En América Latina, las mujeres constituyen el 70% de las personas ocupadas en el sector de enseñanza, el 73,5% en el sector salud y el 92,8% en el empleo doméstico. Además, se distinguen casos de segregación vertical^{^[4]}, al estar por lo general ausentes en los cargos directivos. Una mirada interseccional revela que las mujeres afrodescendientes e indígenas son las que tienen los salarios más bajos en los tres sectores de la economía del cuidado (CEPAL 2022). En el caso de la tasa de desocupación de las mujeres afrodescendientes resalta la situación de Brasil y Ecuador, registrando porcentajes del 5,9% y del 6%, siendo mayor al de las mujeres no afrodescendientes ni indígenas.

Otra brecha existente en desmedro de estas dos etnias se relaciona con la falta de pertinencia cultural de los contenidos y metodologías educativas, el déficit formativo de los docentes y la dotación de insumos e infraestructura para sus actividades. Sumado a las carencias en cuanto a conectividad y equipamiento digital de los centros educativos en los que desarrollan su aprendizaje. Situación que repercute directamente en su vida laboral, la cual empieza antes que las de otras etnias.

“En el caso de las mujeres indígenas el primer trabajo se registra a los 16 años, en tanto para las no indígenas se produce a los 18 años. En el caso del trabajo informal, la edad de inserción laboral de las mujeres indígenas es de 17 años; mientras que para el trabajo formal es de 22 años (IPS 2015). También, se encuentran entre los grupos más pobres en términos monetarios de nuestra región. Por ejemplo, en Bolivia, se les paga 60% menos, que a las mujeres no indígenas por el mismo tipo de trabajo y en Ecuador, los hogares indígenas con jefatura femenina tienen 5,81% más de probabilidades de ser pobres (BID 2022). Los datos indican que las mujeres indígenas en ámbitos rurales tienen aún más altos niveles de analfabetismo que las no rurales. Además, como lo señala (Deere y León 2005) también tienen problemas en el acceso y distribución de tierras.

La interseccionalidad pone en debate la importancia de razonar sobre los distintos factores que crean barreras de acceso a las mujeres, con el objetivo de entenderlos y considerarlos dentro de las agendas públicas de planificación, de manera que las soluciones no se diseñen inadvertidamente, de modo tal que solo beneficien a unos cuantos y no a la gran mayoría.

CONCLUSIONES

En respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio de este ensayo, desde el enfoque del cuidado, se puede afirmar que la reproducción ampliada de la vida de las mujeres en Latinoamérica se ha debatido desde dos frentes: primero, porque contribuye a la igualdad de género, y segundo, por ser puntal de su desarrollo y bienestar socioeconómico. El trabajo no remunerado, desde la economía feminista se admite como de corresponsabilidad social y colectiva, no exclusiva de las mujeres.

Asegurándoles una vida digna en todas las dimensiones de su existencia y colocándolas en el centro del sistema económico, como sujeto y fin no solo del proceso reproductivo como se las ha venido identificando, sino como creadoras de vida y como gestoras de fuerza laboral que, si no fuera por la labor de cuidados que estas ejercen, no podrían incorporarse al mercado laboral y ser parte del sector productivo de una nación. Aunque han existido avances en las legislaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, en las normativas laborales, de género, entre otras, siguen siendo insuficientes en reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres por su aporte económico y social, así como en la implementación de políticas concernientes al cuidado.

Frente a los avances de la economía feminista y de la economía social y solidaria, se deben fortalecer los lazos entre mercado, familia, Estado y comunidad, en el que todos desde

sus espacios, contribuyan a romper los yugos que tanto el capitalismo como el patriarcado han impuesto sobre las mujeres, relegándolas a vivir continuos episodios de desigualdad laboral, social, cultural y principalmente económica. Es hora de la reivindicación, de la visibilización por parte de los Estados y de la decisión política de los gobernantes de turno en transformar su realidad, donde esta segunda mitad del siglo XX y sus hechos nos hagan reflexionar sobre lo verdaderamente importante, no desde la lucha de género sino desde la igualdad, esa que tanto anhelamos y de la que tanto adolecemos.

Además, se requieren cambios estructurales que incluyan la categoría cuidado en los sistemas de protección social de la región y la transversalización del mismo en todos los procesos con el objetivo de generar autonomía e independencia económica en las mujeres. Eliminando los estereotipos impuestos por la división sexual del trabajo que, por un lado, desconoce sus habilidades y destrezas para ejercer otras funciones asumiéndolas como no femeninas y por otro, determinando ciertas ocupaciones como de exclusividad femenina, bajo el precepto de que las mujeres son mejores para tales actividades. Una ambigüedad a la que nos hemos acostumbrado y a la que hemos normalizado sobre todo en el entorno latinoamericano.

Una sociedad que promueva una organización social del cuidado y una economía del cuidado que fomente la incorporación de mujeres al mercado laboral y que distribuya en igualdad de condiciones las labores productivas, es el ideal al que debemos aspirar. Esto sin desconocer que independientemente de la etnia, raza, clase o género, todos merecemos disfrutar de los beneficios generados de la articulación entre reproducción social y sistema económico. De esta forma, las mujeres lograrían generar los ingresos necesarios que les aseguren los medios materiales, físicos y simbólicos para su vida. Donde ser mujer rural, indígena o afrodescendiente; con recursos o sin ellos; no sea motivo de discriminación sino de inclusión.

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[1]Docente Titular de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador

[2] Implica hablar de una reproducción material, física, de la fuerza de trabajo. También incluye otras actividades destinadas a dar forma, a moldear a las personas, la socialización, la reproducción de actitudes, predisposiciones, habilidades, calificaciones; en cierto sentido es la reproducción de la subjetividad e incluso la internalización de las formas de la disciplina (Arruzza y Bhattacharya 2020).

[3] Índice compuesto que mide el empoderamiento de las mujeres en cinco dimensiones: vida y buena salud (incluida la integridad física); educación, desarrollo de capacidades y conocimientos; inclusión laboral y financiera; participación en los procesos de toma de decisiones, y vida libre de violencia (ONU Mujeres y PNUD 2023, 50)

[4] Las dificultades que experimentan las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente, y acceder a puestos con mayor poder de decisión y mejores remuneraciones (Vaca-Trigo 2019, 25)